Dieciséis universidades públicas y privadas aceptaron incorporar contenidos de la economía solidaria en las carreras de abogacía y contador público. Eduardo Fontenla, integrante del directorio del INAES, manifestó que el propósito “es llevar este tipo de convenios a otras carreras declaradas de interés público”.

A partir de los acuerdos plenarios del Consejo de Universidades 146 y 147, firmados el 29 de mayo de 2017, se establecieron los estándares básicos de incorporación de contenidos básicos de cooperativismo y mutualismo en las carreras de abogacía y contador público, atendiendo el interés público que reviste el ejercicio de las profesiones.

De esta manera, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar), la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (Conam) y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, lograron convenios con dieciséis universidades públicas y privadas.

“Aunque no será posible, por parte de las universidades, adjuntar los convenios  de Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) en las acreditaciones de las carreras de abogacía y contador público ante la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), ya que la presentación venció en el pasado mes diciembre,  se continuará proponiendo la incorporación de los contenidos que hemos consensuado en nuestro equipo de trabajo y la firma de nuevos convenios de PPS, con el objetivo de favorecer la mejor instalación posible del tema de formación y prácticas en las universidades”, explicó Fontenla.

Cabe destacar que este importante trabajo se realizó en el marco de las resoluciones 3400-ME/2017 para la carrera de Contador Público, y la 3401-ME/2017 para la Carrera de Abogacía, del Ministerio de Educación de la Nación.  

Además, dicha implementación se da conforme al procedimiento previsto en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, donde se establece que los planes de estudio de carreras correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad o los bienes de los habitantes, deben tener en cuenta la carga horaria mínima, los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Educación en el acuerdo con el Consejo de Universidades. Finalmente, Fontenla aseguró que “ahora la intención es lograr este objetivo en las carreras de abogacía y contador público y luego proyectamos continuar desde el INAES, junto con el sector de la economía social, incorporar los contenidos en otras carreras declaradas de ‘interés público’ del sistema universitario argentino”.

Participan de esta iniciativa las universidades de Avellaneda, Catamarca, Cuyo, Católica de Santa Fe, Concepción del Uruguay, Marina Mercante, Católica de Santiago del Estero, Católica de Santiago del Estero (sedes Jujuy y San Isidro), Champagnat de Mendoza, Misiones, Morón, Gastón Dachary Misiones, La Rioja, Museo Social Argentino y Jujuy.

Fuente: Mundo Cooperativo.